La juez Alaya imputa a Griñán y Chaves, ex presidentes de la Junta de Andalucía, por el fraude de los ERE
La jueza Mercedes Alaya, que investiga los ERE fraudulentos pagados con dinero de la Junta de Andalucía, ha iniciado el procedimiento para que se pueda imputar a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. En un auto, firmado y hecho público esta misma mañana, cuando el nuevo gobierno de Susana Díaz estaba tomando posesión de sus cargos en San Telmo, la magistrada señala también a cinco exconsejeros aforados como Griñán y Chaves: la exconsejera de Hacienda y Administración Pública Carmen Martínez Aguayo; el exconsejero de Economía y Hacienda Antonio Ávila, los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Manuel Recio y el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo.
Alaya aclara en el auto que no puede imputar o inculpar a los citados por estar aforados, lo que debería hacer el Tribunal Supremo o el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, pero sí confirmar que están inmersos en el procedimiento y, por tanto, les comunica esta situación para que puedan defenderse y “personarse en la causa, así como de los próximos señalamientos efectuados, y participar en su caso en los mismos a través de su representación procesal”, es decir con procurador y abogado. Con ello, Alaya confirma que va a pedir la imputación de los cargos socialistas citados en un futuro. Argumenta la presión mediática, al tratarse de personas conocidas, como una de las razones de esta actuación y para que puedan defenderse.
La magistrada basa sus indicios de las posibles implicaciones de todos ellos en las declaraciones del exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero; las del exinterventor general de la Junta, Manuel Gómez, y la “relevante documentación aportada”, especialmente los informes de la Intervención General, la documentación presupuestaria, la procedente de la Dirección General de Trabajo y la de las subvenciones a la sierra norte de Sevilla.
“La investigación presenta ahora unos elementos configuradores, pero mucho más precisos que hace relativamente poco tiempo”, señala en el auto. Subraya el conocimiento de las sobrecomisiones de las intermediarias que la Junta “presuntamente permitió” a cambio “de favores”y las ampliaciones presupuestarias que permitieron, desde el año 2000, según sus indicios, “el uso ilícito de fondos públicos” a través de la “utilización palmariamente irregular de las transferencias de financiación”.
Alaya traza su principal argumentación en la que llama trama política de los ERE en que, bien por omisión o con conocimiento de ello, los responsables de la Junta de Andalucía desde 2000 hasta 2011 concedieron subvenciones a empresas en crisis y prejubilaciones a trabajadores al margen del procedimiento legalmente establecido. Según sus pesquisas, este sistema opaco de ayudas benefició a amigos y familia del cargos del PSOE y permitió un menoscabo de fondos públicos que la Guardia Civil cifra ya en al menos 140 millones de euros de los 721 que la Junta concedió en estos años.
Por esta razón ha imputado a una veintena de cargos públicos, todos sin aforamiento, entre ellos la exministra de Fomento, Magdalena Álvarez. Ahora da un paso más y señala a los expresidentes y exconsejeros aforados, lo que sumaría 123 imputados por los ERE.
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